Eloisa Mendoza ha pasado 18 años ayudando a personas que no dominan el inglés a comprender documentos legales complejos. Los guía en medio de eventos estresantes, repletos de denso papeleo, como solicitudes de ciudadanía, divorcios y traducciones de actas de nacimiento.
Mendoza trabaja en Elko, Nevada, una región remota en el noreste del estado. Su labor se ha vuelto cada vez más importante a medida que la población latina de la ciudad ha crecido a aproximadamente el 26%. El porcentaje de personas de 5 años o más que hablan un idioma distinto al inglés en casa aumentó al 18% en 2022, y el español es el idioma hablado en casi el 15% de los hogares.
A pesar de la creciente demanda para que los gobiernos rurales locales se comuniquen con los residentes en idiomas distintos al inglés, los legisladores estatales en Nevada excluyeron a los condados más pequeños de una ley estatal de acceso lingüístico que se promulgó recientemente. Más gobiernos estatales y locales han implementado medidas similares en los últimos años, pero están concentradas en su mayoría en jurisdicciones urbanas o suburbanas.
Aunque la América rural es en su mayoría blanca no hispana y angloparlante, se ha vuelto rápidamente más diversa.
Sin embargo, implementar leyes estatales y locales de acceso lingüístico es un desafío, según investigadores, dado que los estándares pueden variar entre agencias estatales y localidades, lo que dificulta garantizar asistencia de alta calidad a los que hablan idiomas diferentes al inglés.
No proporcionar acceso lingüístico a quienes lo necesitan no solo constituye una violación de los derechos civiles protegidos por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, sino que también puede generar preocupaciones de salud y seguridad pública, dijo Jake Hofstetter, analista de políticas del Migration Policy Institute, un grupo de investigación enfocado en política migratoria.
Aunque el acceso lingüístico es una protección federal, 11 estados y Washington, D.C., han creado políticas amplias dirigidas a sus poblaciones. Algunos estados tienen leyes específicas para sectores como la educación o la atención médica. Otras leyes de acceso lingüístico se han establecido en ciudades como Austin, en Texas; Philadelphia, en Pennsylvania; y Portland, en Maine.
En el apogeo de la pandemia de covid-19, los gobiernos estatales y locales que no tenían sistemas sólidos de acceso lingüístico tuvieron dificultades para comunicar información pública vital a comunidades diversas. Un análisis de la información sobre covid publicada en los sitios web de los departamentos de salud de las 10 ciudades más pobladas del país encontró que no se proporcionaba completamente en español.
La población blanca no hispana en las áreas rurales del país disminuyó en aproximadamente 2 millones entre 2010 y 2020, según un análisis de la Escuela de Políticas Públicas Carsey de la Universidad de New Hampshire. El porcentaje de personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas en áreas rurales aumentó del 20% en 2010 al 24% en 2020, siendo los hispanos el grupo más grande.
En 2021, 25 millones de personas de 5 años o más en Estados Unidos tenían un dominio limitado del inglés, de los cuales casi dos tercios eran hispanos, según KFF. Nevada es uno de los nueve estados donde al menos el 10% de la población tiene un dominio limitado del inglés.
Según una encuesta de 2023 realizada por KFF y Los Angeles Times, alrededor del 31% de las personas con dominio limitado del inglés enfrentaron barreras lingüísticas al intentar acceder a servicios de salud.
Una cuarta parte tuvo dificultades para solicitar ayuda del gobierno para alimentos, vivienda o cobertura médica. Además, los inmigrantes que no hablan bien inglés tuvieron el doble de probabilidades de no tener seguro médico en comparación con aquellos que dominan el idioma, y presentaron peores resultados de salud.
Desde que terminó la emergencia por la pandemia, Hofstetter ha observado un número significativo de políticas estatales que abordan el acceso lingüístico, pero no muchas políticas locales enfocadas en áreas rurales.
El experto señaló que la ley más reciente de Nevada sobre acceso lingüístico, aprobada en 2023, es única porque identifica específicamente y requiere que los condados más poblados del estado —Clark y Washoe— creen e implementen planes de acceso lingüístico. Otra ley aprobada ese mismo año destinó $25 millones a las agencias para implementar dichos planes.
El senador estatal demócrata Edgar Flores, quien representa una parte del condado de Clark y fue coautor de la ley más reciente sobre idiomas, indicó que los legisladores han enfrentado resistencia de las agencias estatales en varios intentos por fortalecer los requisitos para proporcionar información y documentos en otros idiomas. Según Flores, los funcionarios citan recursos y personal limitados.
“Creo que, desafortunadamente, nuestras jurisdicciones rurales ya están increíblemente limitadas en recursos y, en el momento de esta solicitud, había preocupación de que no estuvieran en condiciones de cumplir con los requisitos”, dijo Flores. “Esa es la realidad”.
Flores indicó que, aunque algunas agencias y jurisdicciones habían creado planes de acceso lingüístico en años anteriores, los legisladores descubrieron que no siempre se implementaban ni se hacían cumplir. Por esta razón, decidieron centrarse primero en los dos condados más grandes del estado mientras trabajan para expandir las políticas a “todos los códigos postales y todas las agencias”.
“Tenemos personas de todas partes que ahora han hecho de Nevada su hogar”, dijo Flores. “Tenemos una obligación con ellos”.
Las personas que viven en áreas rurales pueden beneficiarse de una red de recursos de agencias estatales que prestan servicios en sus condados o de programas locales que deben abordar el acceso lingüístico debido al financiamiento federal.
Pero Hofstetter señaló que existen brechas en el marco de protecciones federales, estatales y locales a nivel nacional.
El grado en que los gobiernos locales ofrecen comunicaciones en idiomas distintos al inglés varía por varias razones, incluida la aplicación de las protecciones de derechos civiles. Esa aplicación depende de quejas de derechos civiles, que a menudo deben ser presentadas por residentes que pueden no conocer sus derechos relacionados con el acceso lingüístico, dijo Hofstetter.
Los miembros de la comunidad también pueden enfrentar resistencia de los líderes locales a la expansión del acceso a servicios e información en otros idiomas.
En 2018, Mendoza apoyó la idea de ofrecer boletas en inglés y español en el condado de Elko. Los comisionados del condado, tres de los cuales aún están en la junta, votaron unánimemente para recomendar al secretario del condado retrasar la oferta de boletas bilingües tanto como fuera posible después de cuestionar los datos demográficos del censo, y alegar que no tenían fondos para traducir las boletas.
Tener acceso a boletas en su idioma preferido ayuda a los votantes a comprender mejor las iniciativas que los afectan, muchas de las cuales están relacionadas con la salud, como una pregunta en la boleta del 5 de noviembre que pedía a los votantes opinar sobre si consagrar el derecho al aborto en la constitución estatal. La medida fue aprobada con el 64% de los votantes a favor y necesita ser aprobada nuevamente en 2026 para implementarse.
La Legislatura de Nevada se reunirá nuevamente en febrero, y Flores dijo estar seguro de que habrá al menos un proyecto de ley sobre acceso lingüístico. Hofstetter anticipa más normas estatales y locales sobre el tema en los próximos años.
“Imagino que eso incluirá algunas áreas rurales”, concluyó.
